Mari Carmen y las demás: por qué solo una muerte por desahucio se convierte en bandera política
Mari Carmen Abascal ha llenado la Puerta del Sol, los telediarios y las redes de todo el espectro político. Pero no es, ni de lejos, la única persona que ha muerto en España tras un desahucio en los últimos ocho años. La diferencia es que a las demás nadie las ha convertido en símbolo.
Mari Carmen Abascal tenía 87 años y llevaba más de setenta viviendo de alquiler en el mismo piso del madrileño barrio de Retiro. El 23 de septiembre de 2026 fue desahuciada. Quedó hospitalizada ese mismo día y, quince días después, el 7 de octubre, murió en el Hospital Gregorio Marañón. Su muerte desató una ola de indignación que llenó la Puerta del Sol de acampadas, llevó una marcha hasta el Congreso y provocó reacciones de todo el arco político: desde el ministro Óscar Puente, que vinculó su muerte al rechazo parlamentario de los decretos de vivienda, hasta Irene Montero o Ramón Espinar, que hablaron directamente de 'asesinato', pasando por Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, que expresaron sus condolencias. Desde la derecha, Macarena Olona acusó a la izquierda de estar utilizando su muerte, y de que seguiría haciéndolo.
Nada de esto pretende restar un gramo de tragedia al caso de Mari Carmen. Pero conviene preguntarse por qué, de entre los cientos de miles de desahucios practicados en España en los últimos ocho años, ha sido precisamente el suyo el que ha merecido una acampada, una ley en el Congreso y una docena de declaraciones de ministros, mientras otros, con nombres y apellidos igual de reales, apenas han merecido una nota de agencia.
El paralelismo con Excalibur
Quienes llevamos suficientes años siguiendo la política española recordarán el caso de Excalibur, el perro de la auxiliar de enfermería Teresa Romero Ramos, contagiada de ébola en 2014 en un hospital de Madrid. Las autoridades sanitarias decidieron sacrificar al animal pese a la falta de evidencia científica sólida sobre el riesgo real de contagio, y aquello se convirtió, durante semanas, en el asunto que monopolizó la conversación pública sobre la crisis del ébola en España, con manifestaciones, hashtags internacionales y portadas, mientras otros aspectos de la gestión de aquel brote quedaban en un segundo plano. No se trata de equiparar un perro con una persona: se trata de señalar un patrón que se repite. Hay tragedias que, por la razón que sea —el momento político, la foto, lo fácil que es resumirlas en un titular—, se convierten en el símbolo de todo un problema, mientras decenas de casos equivalentes, o incluso más graves, se quedan sin nombre propio en el debate público.
Los nombres que no llegaron a la Puerta del Sol
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, la prensa y las asociaciones de vivienda han documentado, con nombre, edad y circunstancias, varios casos de personas que se quitaron la vida en torno a un desahucio, con muy poca repercusión política en comparación con la de Mari Carmen. Alicia del Moral tenía 65 años y se lanzó desde un quinto piso en Chamberí (Madrid) el 27 de noviembre de 2018, durante su desahucio por una deuda de 2.000 euros tras cuatro meses sin pagar 500 euros de alquiler. Jordi Rodríguez, electricista de 45 años en lista de espera de vivienda social, se lanzó desde un décimo piso en Cornellà de Llobregat (Barcelona) el 14 de junio de 2018, mientras comenzaba el desahucio de una vivienda propiedad del fondo Blackstone.
Segundo Fuentes, ecuatoriano de 58 años y en paro desde hacía tres, se lanzó desde su piso en Sants (Barcelona) el 14 de junio de 2021 cuando llegó la comitiva judicial; los servicios sociales conocían su caso. Patxi, de 58 años, fue desahuciado en Móstoles (Madrid) junto a otras 18 familias y, nueve meses después, el 16 de abril de 2024, murió acampado en un parque sin haber recibido ayuda institucional: el juzgado no lo había considerado un caso vulnerable. Álex, de 70 años, se quitó la vida en un parque de Sabadell (Barcelona) el 19 de marzo de 2024, justo después de perder su vivienda por una deuda de 3.334 euros. Dos hermanas de 54 y 64 años se precipitaron por un patio interior en el barrio de Sant Andreu (Barcelona) el 1 de julio de 2024, horas antes de un desahucio por una deuda de unos 9.000 euros, dejando una nota; los servicios municipales no habían logrado contactar con ellas.
Montse, de 63 años, se quedó sin hogar el 30 de septiembre de 2025 tras un desalojo del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) sin orden judicial, y murió el 10 de diciembre de ese año. Albert B., alemán de 83 años, se disparó en Torremolinos (Málaga) el 23 de octubre de 2025 cuando la comitiva judicial llegó a ejecutar un desahucio por una deuda de 2.685 euros; el Ayuntamiento, gobernado por el PP, expresó su 'sincera desolación'. Ya en 2026, Olga Matute, de 54 años, se quitó la vida cinco meses después de ser desahuciada el 7 de septiembre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de un piso que había pasado a manos de Promontoria, filial del fondo Cerberus, tras perder su empleo. Y Javier, propietario de una zapatería en la misma ciudad, fue hallado muerto el 30 de septiembre de 2026 con una nota en la que explicaba que se quitaba la vida porque iba a ser desahuciado del local cinco días después por impago del alquiler.
Ninguno de estos nombres llenó la Puerta del Sol. Ninguno llevó a un ministro a vincular su muerte con una votación del Congreso. Y, sin embargo, varios de ellos murieron en Cataluña, la comunidad que gobierna desde agosto de 2024 el socialista Salvador Illa, al frente del PSC, hermano del PSOE. Es decir: la lectura de que las muertes por desahucio quedan en silencio cuando convienen políticamente, y se convierten en bandera cuando no, no depende tanto de qué color gobierna la comunidad autónoma donde ocurren, sino de qué relato puede construirse alrededor de cada una.
Ninguno de estos nombres llenó la Puerta del Sol.
Más de 300.000 desahucios en ocho años
Más allá de los casos extremos, la magnitud del problema se mide en cifras que el propio Consejo General del Poder Judicial publica cada trimestre. Entre 2018 y 2025, España practicó 301.473 lanzamientos (desahucios ya ejecutados), a los que hay que sumar otros 4.005 solo en el primer trimestre de 2026: más de 305.000 desahucios en los ocho años de legislaturas de Pedro Sánchez. La cifra ha ido bajando de forma sostenida desde los 59.671 de 2018 hasta los 24.540 de 2025 (un 11% menos que el año anterior), pero ese descenso convive con un dato inquietante: las demandas de ejecución hipotecaria subieron un 35,6% en 2025, lo que anticipa que buena parte de esa caída podría ser solo un retraso en la tramitación judicial, no una mejora real de la situación de las familias. De hecho, la suspensión de desahucios a hogares vulnerables aprobada por el Gobierno solo estuvo en vigor unas semanas del primer trimestre de 2026, antes de ser derogada en el Congreso a finales de febrero.
Por comunidades, quien más desahucios practicó en 2025 en términos absolutos fue Cataluña (6.814), seguida de la Comunidad Valenciana (2.992), Andalucía (3.782) y Madrid (2.267). Y si se mide por cada 100.000 habitantes —la forma más justa de comparar territorios de distinto tamaño—, Cataluña vuelve a liderar la clasificación con 83,9 desahucios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media española, que es de 50. Dicho de otro modo: la comunidad autónoma con la tasa de desahucios más alta de España es, precisamente, la que gobierna el PSC desde 2024.
La política sí reacciona, a veces
Hay un antecedente que ilustra bien hasta qué punto la reacción política depende de quién sea la víctima. En noviembre de 2012, Amaia Egaña se lanzó por la ventana de su piso en Barakaldo (Vizcaya) cuando la comitiva judicial llegaba para desahuciarla. Egaña había sido concejal del PSE-EE, el PSOE vasco, en Eibar, y su muerte sí recibió un pronunciamiento inmediato de dirigentes socialistas, incluido el entonces lehendakari en funciones Patxi López, que se mostró 'destrozado'. Fue de los pocos casos, antes de Mari Carmen, en el que un político socialista comentó públicamente la muerte de una víctima de desahucio: probablemente porque la propia Egaña había sido una de ellos.
Esa es, en el fondo, la pregunta que deja este repaso: no si las muertes por desahucio importan —deberían importar todas, siempre—, sino por qué solo algunas acaban mereciendo una acampada, una ley y un minuto de silencio en el Congreso, mientras otras, ocurridas en los mismos ocho años y por las mismas razones, se quedan en una nota de prensa que casi nadie lee. Mari Carmen Abascal merece que se recuerde su nombre. También lo merecen Alicia, Jordi, Segundo, Patxi, Álex, las dos hermanas de Sant Andreu, Montse, Albert, Olga y Javier.
Fuentes: Libertad Digital y OKDiario (caso de Mari Carmen Abascal: desahucio, hospitalización, muerte y reacciones políticas); El Debate y El Salto Diario (casos documentados de suicidios vinculados a desahucios desde 2012); Electomanía, a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial (estadística de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias 2018-2026, desglose por comunidad autónoma). Si usted o alguien de su entorno está pasando por una situación similar, puede llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas.