El país más violento del mundo tiene hoy la tasa de homicidios más baja de su historia: así funciona el modelo de Bukele
En 2015, El Salvador registraba la tasa de homicidios más alta del planeta. Once años después, el país cerrará 2026 con la cifra más baja jamás contabilizada. El régimen de excepción y las megacárceles explican buena parte del giro, aunque organismos de derechos humanos siguen documentando su coste.
El Salvador llegó a ser, en 2015, el país más violento del planeta fuera de una zona de guerra declarada: 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que convertía caminar por ciertos barrios de San Salvador en una lotería diaria. Once años después, en 2026, el país ha cerrado el periodo con la tasa de homicidios más baja de toda su historia moderna, 0,90 por cada 100.000 habitantes, situándose entre los países más seguros de todo el hemisferio occidental, por delante incluso de algunas ciudades de Estados Unidos o de Europa. Es, por volumen de cambio y por rapidez, uno de los giros de seguridad más drásticos que se recuerdan en América Latina, y explica en buena medida por qué Nayib Bukele mantiene niveles de aprobación popular que rara vez se ven en cualquier democracia, de izquierdas o de derechas.
El fin de semana de 87 muertos que lo cambió todo
El punto de inflexión tiene fecha concreta: el 26 de marzo de 2022, las pandillas salvadoreñas —sobre todo la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de Barrio 18— asesinaron a 87 personas en apenas 72 horas, en represalia, según las autoridades, por el fin de unas negociaciones encubiertas que el propio Gobierno había mantenido con ellas años antes. Al día siguiente, el Congreso salvadoreño, con mayoría oficialista, aprobó a petición de Bukele un régimen de excepción que suspendía garantías constitucionales como el derecho a la defensa inmediata, a conocer el motivo de la detención en el momento y a un plazo breve antes de pasar ante un juez. Más de cuatro años después, en octubre de 2026, ese régimen sigue vigente: se ha prorrogado mes a mes, sin interrupción, desde entonces.
Más de cuatro años después, en octubre de 2026, ese régimen sigue vigente: se ha prorrogado mes a mes, sin interrupción, desde entonces.
Al amparo de esa suspensión de garantías, la policía y el Ejército han detenido a más de 90.000 personas desde 2022, la inmensa mayoría acusadas de pertenecer a una pandilla a partir de criterios como tatuajes, denuncias anónimas o el simple hecho de vivir en un barrio controlado por una. El resultado es que El Salvador tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 1,6% de toda su población adulta entre rejas, el triple que Estados Unidos, que ya es, de por sí, uno de los países que más encarcela del planeta.
El CECOT y la ruptura del poder de las pandillas desde dentro de la cárcel
Antes de 2022, buena parte del poder de las maras no se ejercía solo en la calle, sino desde dentro de las propias cárceles: los cabecillas coordinaban extorsiones, ajustes de cuentas y órdenes de asesinato con teléfonos móviles de contrabando, incluso estando presos. Romper esa estructura de mando es, según el propio Gobierno salvadoreño y varios analistas de seguridad regional, la clave menos citada del modelo: en febrero de 2023 se inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos de máxima seguridad, sin visitas, sin patios comunes prolongados y con un régimen de aislamiento diseñado expresamente para impedir que sus internos vuelvan a dirigir nada desde dentro. Combinado con la detención masiva de miembros de base en la calle, el efecto ha sido el colapso casi completo de la capacidad operativa de las pandillas, que durante dos décadas habían convertido la extorsión en un impuesto diario sobre comercios, transportistas y familias en buena parte del país.
El modelo se ha convertido además en un producto de exportación política: Honduras ha declarado estados de excepción similares en algunos departamentos, Ecuador adoptó un enfoque carcelario de corte parecido tras su propia escalada de violencia, y varios gobiernos de la región, incluidos algunos de signo distinto al de Bukele, han enviado delegaciones a estudiar el sistema salvadoreño sobre el terreno.
El precio del modelo, según los organismos de derechos humanos
Ese éxito en las cifras de seguridad no está exento de un coste real, y omitirlo sería tan deshonesto como negar la caída de los homicidios. El propio Bukele reconoció en 2023 que, de los más de 70.000 detenidos hasta ese momento, alrededor de 8.000 lo habían sido por error, es decir, personas sin vínculo probado con ninguna pandilla, y anunció su liberación progresiva. Organizaciones como Cristosal, Human Rights Watch y Amnistía Internacional llevan años documentando muertes bajo custodia estatal durante el régimen de excepción: las propias autoridades han reconocido oficialmente más de un centenar de fallecimientos en prisión, mientras que organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, con criterios de verificación más amplios, elevan la cifra acumulada a varios cientos, la mayoría atribuidas a falta de atención médica, hacinamiento o malos tratos, sin que hasta la fecha se conozcan condenas judiciales relevantes por esas muertes. En 2025, Human Rights Watch denunció además el envío al CECOT de varios cientos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por la Administración Trump, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua sin que en numerosos casos existiera prueba judicial de ello; la mayoría fueron finalmente repatriados a Venezuela meses después, en el marco de un canje de presos.
El propio régimen de excepción, pensado en 2022 como una medida de emergencia de 30 días, se ha convertido en un instrumento permanente de gobierno, y eso es algo que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado como motivo de preocupación independientemente de los resultados obtenidos: una suspensión de garantías constitucionales que dura ya más de cuatro años deja de ser, por definición, una excepción.
Nada de esto borra el dato central, y es el que explica por qué el modelo despierta tanto interés fuera de El Salvador: un país que hace once años enterraba, de media, a diez personas asesinadas cada día, hoy registra algunos meses enteros sin un solo homicidio en la capital. Para una amplia mayoría de salvadoreños, que durante dos décadas vivieron literalmente secuestrados por el miedo a la extorsión y a la bala perdida, ese resultado pesa más que cualquier otra consideración, y es la razón de fondo por la que Bukele sigue siendo, con diferencia, el gobernante más popular de América Latina.
Fuentes: El Salvador in English (tasa de homicidios 2015-2026); La República y Bloomberg Línea (tasa de encarcelamiento, 1,6% de la población); Revista E&N y Diario Libre (prórrogas mensuales del régimen de excepción y detenidos acumulados en 2025); La Tercera (reconocimiento de Bukele sobre 8.000 detenciones erróneas); Voz de América, El Financiero y El Nuevo Diario (cifras oficiales y de ONG sobre muertes bajo custodia); Human Rights Watch (deportación de migrantes venezolanos al CECOT en 2025).