El mito del monopolio: quién conquistó realmente los derechos laborales que hoy se atribuye la izquierda
De la jornada de ocho horas al sufragio universal, pasando por las vacaciones pagadas o la sanidad pública: un repaso, ley por ley y gobierno por gobierno, a conquistas sociales que en España firmaron tanto gabinetes conservadores y liberales como la dictadura franquista y la propia izquierda.
Adolfo Suárez saluda a una simpatizante durante la campaña del referéndum de la Ley para la Reforma Política, 1976. (Archivo)
Es una escena que se repite cada pocos meses en redes sociales: un vídeo, un meme o un hilo recuerda que quien no se declara de izquierdas no tendría, en teoría, derecho a disfrutar de la jornada de ocho horas, el descanso de fin de semana, las vacaciones pagadas, la baja por enfermedad, la seguridad laboral, el salario mínimo, el derecho de huelga, la prohibición del trabajo infantil, la sanidad pública, las pensiones o el sufragio universal. El mensaje implícito es que todas estas conquistas nacieron de un único bando político. El problema es que, ley por ley y gobierno por gobierno, el archivo histórico español cuenta una historia bastante más repartida.
El descanso dominical, hijo del catolicismo social conservador
El descanso dominical obligatorio en España tiene una fecha y un firmante muy concretos: la Ley del Descanso Dominical de 1904, aprobada bajo el gobierno conservador de Antonio Maura. La norma, impulsada en buena medida por el catolicismo social de la época, buscaba garantizar que los obreros pudieran acudir a misa y descansar un día a la semana junto a sus familias. No fue una iniciativa de ningún partido obrero ni socialista, sino de un ejecutivo conservador que respondía a la doctrina social de la Iglesia.
Accidentes de trabajo y retiro obrero: la «Ley Dato»
Los antecedentes de la actual Seguridad Social también se remontan a gobiernos conservadores. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, conocida como la «Ley Dato» por su impulsor, el ministro Eduardo Dato, obligó por primera vez a los empresarios a asumir la asistencia médica y las indemnizaciones derivadas de accidentes laborales. Casi dos décadas después, en 1919, el propio Eduardo Dato, ya como jefe de un Gobierno conservador, impulsó el Retiro Obrero, gestionado por el recién creado Instituto Nacional de Previsión: el primer sistema de pensiones para los trabajadores en España, que comenzó a aplicarse de forma efectiva a partir de 1921.
La huelga y la jornada de ocho horas: entre el decreto liberal y la protesta obrera
El derecho de huelga dejó de considerarse un delito común con la Ley de Huelgas de 1909, aprobada bajo el gobierno liberal de Segismundo Moret, que reguló por primera vez su ejercicio. Una década después llegó otra de las conquistas más citadas: la jornada de ocho horas, implantada por real decreto en 1919 durante el gobierno liberal-monárquico del conde de Romanones. Aquí conviene matizar el relato en ambas direcciones: el decreto no salió de ningún programa parlamentario de izquierdas, pero tampoco cayó del cielo por pura generosidad liberal. Llegó después de la Huelga de La Canadiense, una de las mayores movilizaciones obreras de la historia de España, protagonizada por el sindicalismo de la CNT en Barcelona, que paralizó la ciudad durante semanas y forzó al Gobierno a ceder. La jornada de ocho horas fue, en ese sentido, tanto un decreto liberal como una victoria arrancada en la calle por el movimiento obrero.
Vacaciones pagadas: de los funcionarios de Alfonso XIII a Largo Caballero
El caso de las vacaciones pagadas es de los más matizados. Es cierto que fue el ministro de Trabajo de la Segunda República, el socialista Francisco Largo Caballero, quien en 1931 extendió por primera vez el derecho a vacaciones remuneradas al conjunto de los trabajadores asalariados. Pero el concepto ya existía antes: durante la monarquía de Alfonso XIII se habían reconocido días de vacaciones pagadas a colectivos concretos, como funcionarios públicos, militares y maestros, ampliados después a los oficiales de la Marina. La reforma republicana de 1931 fue, por tanto, una universalización de un derecho que ya practicaban ciertos cuerpos del Estado bajo la monarquía, no una invención desde cero.
El franquismo y el andamiaje del Estado social
Dos de los pilares del sistema actual nacieron, con toda su carga histórica, durante la dictadura franquista. El Seguro Obligatorio de Enfermedad, precedente directo de la actual sanidad pública, se creó por ley el 14 de diciembre de 1942. Y el salario mínimo interprofesional, tal y como hoy se conoce, se estableció por decreto en 1963. Conviene matizarlo, como recuerda el servicio de verificación Maldita.es: el actual sistema de protección social español no salió íntegro de una sola ley franquista, sino que se fue construyendo, ampliando y corrigiendo a lo largo de todo el siglo XX, con aportaciones de gobiernos de muy distinto signo, incluida la propia democracia.
Sanidad pública: un edificio construido en varias generaciones
La afirmación de que la sanidad pública española nació en 1986 es, como mínimo, incompleta. Ese año, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la Ley General de Sanidad, que universalizó la cobertura sanitaria para toda la población, con independencia de si cotizaba o no. Fue un paso decisivo. Pero la red de hospitales y la infraestructura sobre la que se asentó ese cambio ya existían: el Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 puso en marcha un sistema público para los trabajadores y sus familias, y en las décadas de 1950, 1960 y 1970 se construyeron grandes hospitales que siguen en pie hoy, como La Paz o Ramón y Cajal, en Madrid. En 1978, ya con Adolfo Suárez al frente de un Gobierno de centroderecha, se disolvió el antiguo Instituto Nacional de Previsión y se creó el INSALUD, germen de la sanidad pública moderna, dos años antes de que el PSOE llegara al poder.
Ni el sufragio femenino fue un regalo exclusivo de la izquierda parlamentaria, ni fue el PSOE quien intentó impedirlo.
El sufragio: Sagasta, Campoamor y un matiz importante
El sufragio universal masculino se aprobó en España en 1890, bajo el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta. El voto femenino llegó más tarde, en 1931, de la mano de las Cortes de la Segunda República e impulsado por la diputada Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, una formación liberal republicana, no socialista. Aquí conviene corregir un bulo habitual que también circula en sentido contrario: no fue el PSOE quien votó en contra del sufragio femenino. De los 161 votos favorables, 84 fueron socialistas, y ningún diputado del PSOE votó en contra. La oposición más señalada vino de otros diputados y diputadas republicanos, como Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista —una formación distinta del PSOE—, que temían, por razones tácticas y no ideológicas, que el voto femenino beneficiara a la derecha católica. Es un episodio que desmonta a la vez dos relatos simplificados: ni el sufragio femenino fue un regalo exclusivo de la izquierda parlamentaria, ni fue el PSOE quien intentó impedirlo.
Una historia repartida, no un monopolio
Ninguno de estos datos convierte estas conquistas en patrimonio exclusivo de la derecha, del liberalismo o del franquismo, del mismo modo que tampoco lo son de la izquierda. Lo que muestra el recorrido, ley por ley, es que los derechos laborales y sociales que hoy se dan por sentados en España no salieron de un único despacho ni de un único partido: los firmaron gobiernos conservadores movidos por el catolicismo social, gabinetes liberales presionados por huelgas obreras, la Segunda República, la dictadura franquista y, más tarde, la democracia con gobiernos de distinto signo. Reducir esa historia a un eslogan de dos bandos —«esto lo dimos nosotros», «esto lo dieron ellos»— no es hacer historia. Es hacer propaganda con los libros de texto de otros.
Fuente: Wikipedia, BOE, Congreso de los Diputados, Instituto Nacional de Previsión, Infobae, Maldita.es, ctxt.es, Confilegal, El Diario.