El Supremo audita la Ley de Nietos
Dos corrientes migratorias chocan estos días en el debate público español: el discurso de mano dura sobre quien llega y comete un delito grave, y la vía masiva de acceso a la nacionalidad para los descendientes del exilio, hoy bajo la lupa de la Justicia.
Alberto Núñez Feijóo ha planteado que, si llega a La Moncloa en 2027, sacará la regulación de la nacionalidad del Código Civil para llevarla a una Ley Orgánica propia, con criterios más exigentes de idioma e integración y con la posibilidad de retirar el pasaporte, ya concedido, a quien cometa después delitos graves: asesinato con agravantes, agresión sexual con reincidencia, terrorismo o crimen organizado. El lema que circula en su entorno resume la idea: "la nacionalidad no se regala, se merece". Es una propuesta que convive, casi en paralelo y sin que ambos debates se toquen apenas en el discurso público, con otra realidad migratoria bien distinta: la de la "Ley de Nietos", una vía de acceso a la ciudadanía que en apenas tres años y medio ha recibido más solicitudes que la ley anterior en toda su vigencia, y que ahora mismo está bajo la fiscalización de los tribunales.
La Ley de Nietos no es una norma nueva ni improvisada: es la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, pensada como reparación histórica para los hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse o renunciar a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y el franquismo. Una instrucción posterior facilitó su aplicación al establecer que se presumiría la condición de exiliado para quienes emigraron entre 1936 y 1955, lo que disparó las solicitudes muy por encima de lo previsto. Entre octubre de 2022 y marzo de 2026 se han recibido 2,4 millones de solicitudes —más del doble de las que llegaron durante toda la vigencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007— y ya se han aprobado 545.000 expedientes, con 1,2 millones de dosieres físicos registrados en los consulados. México encabeza el listado de países de origen, con 117.226 solicitudes, casi 100.000 de ellas solo en el consulado de Ciudad de México, donde ya se han aprobado 53.597 y se han inscrito 45.002.
El censo CERA pasó de 2.328.260 electores en 2023 a 2.736.522 en 2026: más de 408.000 nuevos inscritos solo hasta julio de este año.
Ese aluvión es, precisamente, lo que ha llevado el asunto a los tribunales. Vox e Iustitia Europa recurrieron los efectos electorales automáticos de estas nuevas altas, y el Tribunal Supremo ha dictado una medida cautelar que suspende, mientras se resuelve el fondo, el derecho a voto de quienes se han incorporado al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por esta vía, además de bloquear nuevas inscripciones con efecto electoral inmediato. El auto argumenta que el aumento "extraordinario" del censo —de 2.328.260 electores en 2023 a 2.736.522 en 2026, es decir, más de 408.000 nuevos inscritos solo hasta julio de este año— podría afectar a "la transparencia del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos en sus resultados". No fue una decisión unánime: la magistrada María Alicia Millán formuló un voto particular en el que sostiene que la participación de los nuevos nacionalizados "no constituye un perjuicio irreparable" y que el interés general exige proteger su derecho al voto.
Como consecuencia directa del auto, la Junta Electoral Central ha trasladado ya a los registros consulares la orden de expedir certificación acreditativa de que cada beneficiario nació fuera de España y desciende de personas que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de identidad. Los consulados deberán documentar, caso por caso, el vínculo real con el exilio, la pérdida o renuncia de nacionalidad del antepasado español, el lugar de nacimiento del solicitante y la relación de parentesco exacta, antes de que esas inscripciones puedan tener efectos electorales.
El resultado es una imagen que conviene mirar con calma: mientras una parte del debate político español discute cómo endurecer el acceso y la permanencia de la nacionalidad para quien vive y trabaja físicamente en España, el diseño legal de los últimos años ha abierto, en paralelo, la puerta a una población exterior —de origen mayoritariamente latinoamericano— equivalente en tamaño a varias ciudades españolas, hoy sometida a una revisión judicial sin precedentes por su impacto en el censo electoral. Dos ideas muy distintas de qué significa ser español conviviendo, por ahora, sin resolverse la una a la otra.
Fuentes: Infobae (auto del Tribunal Supremo, censo CERA), Moncloa.com (orden de la Junta Electoral Central a los consulados), El Debate (cifras de solicitudes y aprobaciones de la Ley de Nietos), El Mundo (propuesta de Feijóo sobre nacionalidad).