Ocho años de Pedro Sánchez
Tras la derrota de sus decretos de vivienda en el Congreso, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. Es el momento de repasar, con los datos por delante, los episodios más controvertidos de una legislatura y media que arrancó con la moción de censura de 2018.
El Congreso de los Diputados rechazó el pasado 2 de octubre, con los votos de PP, Vox y Junts, los dos decretos de vivienda del Gobierno, el último gran intento del Ejecutivo de aprobar medidas de calado con una mayoría parlamentaria cada vez más fracturada. Tres días después, el 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, pidiendo a los españoles "una mayoría mucho más amplia" para gobernar. Antes de esa cita en las urnas, conviene repasar los episodios que han marcado estos más de ocho años de legislatura, desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018.
2018-2019: la primera promesa incumplida
Sánchez accedió a la presidencia el 1 de junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sin haber concurrido a ninguna elección. En aquel momento aseguró que convocaría elecciones "tras recuperar la estabilidad" del país. No las convocó de forma inmediata: no anunció la disolución de las Cortes hasta el 15 de febrero de 2019, ocho meses después de llegar al poder, y las elecciones no se celebraron hasta el 28 de abril de ese año, casi once meses después de la moción de censura.
Las líneas rojas que luego se cruzaron
En la campaña de 2019, Sánchez descartó repetidamente un gobierno de coalición con Unidas Podemos y llegó a declarar, en una entrevista televisiva, que "no dormiría tranquilo" si aceptaba esa coalición. También rechazó cualquier acercamiento a Bildu y cualquier fórmula de amnistía para el independentismo catalán. Meses después, formó gobierno de coalición con Unidas Podemos (y posteriormente con Sumar), y a partir de 2023 su investidura y la aprobación de leyes clave han dependido de los votos de ERC, Junts y EH Bildu en el Congreso.
Del "que rinda cuentas ante la Justicia" a la amnistía
Sobre Carles Puigdemont, Sánchez afirmó en noviembre de 2019 que lo "traería de vuelta" a España para que "rindiera cuentas ante la Justicia". La trayectoria posterior fue en dirección contraria: en junio de 2021 el Gobierno indultó a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo; en diciembre de ese año se derogó el delito de sedición del Código Penal; en 2022 se rebajaron las penas de malversación; y en noviembre de 2024 entró en vigor la Ley de Amnistía, pactada con ERC y Junts como condición para la investidura de Sánchez tras las elecciones de julio de 2023, una ley que no fue sometida a referéndum ni figuraba en ningún programa electoral del PSOE antes de esa negociación. En septiembre de 2026 una mayoría del Tribunal Constitucional avaló que la amnistía ampare también la malversación de Puigdemont, despejando buena parte de los obstáculos legales a su regreso.
Es la primera vez en democracia que una legislatura tan larga se gestiona casi en su totalidad con un presupuesto prorrogado.
Una legislatura sin presupuestos propios
Desde que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno no ha logrado sacar adelante nuevas cuentas: la ley de 2023 se ha prorrogado ya en tres ocasiones, también para el ejercicio de 2026, ante la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Es la primera vez en democracia que una legislatura tan larga se gestiona casi en su totalidad con un presupuesto prorrogado.
El cerco judicial: de Koldo a Begoña Gómez
La investigación conocida como "caso Koldo" —por el asesor Koldo García— ha terminado afectando a dos de los hombres de mayor confianza de Sánchez en el PSOE: el exministro José Luis Ábalos, imputado por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hombre clave en la negociación de la investidura de 2023, detenido e investigado a partir de un informe de la UCO sobre supuestas comisiones ilegales. En paralelo, la esposa del presidente, Begoña Gómez, está siendo investigada por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en una causa cuyo juicio, según fuentes jurídicas, podría no celebrarse antes de 2028; y su hermano, David Sánchez, afronta un proceso judicial por un posible delito de tráfico de influencias en su contratación como músico en instituciones públicas de Badajoz. Ninguna de estas causas ha derivado, a día de hoy, en una sentencia firme condenatoria contra ellos, pero el conjunto ha mantenido al entorno más cercano del presidente bajo investigación judicial de forma casi continuada durante los dos últimos años.
El apagón de abril de 2025 y la crisis de la vivienda
El apagón eléctrico masivo del 28 de abril de 2025, que dejó sin luz a toda la península ibérica durante varias horas, se vinculó a al menos cinco o seis muertes: una familia falleció en Ourense por inhalación de gases tóxicos al intentar generar luz o calor de forma improvisada, y otras dos mujeres murieron en Valencia y Madrid en circunstancias relacionadas con el corte de suministro. Durante esas horas, asociaciones médicas alertaron del riesgo para las personas que dependen de aparatos eléctricos para tratamientos en el domicilio, como el oxígeno, aunque no todas las muertes confirmadas se han atribuido oficialmente a esa causa concreta. Las causas exactas del apagón, más de un año después, siguen siendo objeto de investigación por parte de Red Eléctrica y del Gobierno.
En paralelo, el Gobierno lleva año y medio defendiendo su Plan Estatal de Vivienda, que prometía poner en el mercado 184.000 viviendas públicas. Las cifras concretas de cumplimiento varían según la fuente —El Debate ha cifrado en apenas 540 las viviendas entregadas en cuatro años, un 5,5% del total prometido, mientras que El Economista ha denunciado que el propio Gobierno no aclara cuántas de esas viviendas están realmente operativas—, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que el grado de ejecución del plan, a estas alturas, es muy inferior al anunciado.
La frontera sur: Ceuta, Canarias y los menores sin acoger
La crisis migratoria del 30 y 31 de julio de 2026 en Ceuta, con decenas de miles de entradas irregulares en 24 horas, desplazó buena parte de la presión migratoria hacia Canarias, donde las llegadas se triplicaron en septiembre según distintos análisis. En 2025, un 15% de quienes llegaron a las costas canarias eran menores sin referentes familiares, y los centros de acogida de menores en Ceuta, Melilla y Canarias han denunciado reiteradamente estar desbordados, sin que exista un acuerdo de reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas que cuente con el respaldo de todos los gobiernos regionales. Sobre el impacto de la crisis de julio en la seguridad, la Fiscalía de Ceuta elevó a 23 el número de agresiones sexuales denunciadas en la ciudad en las semanas posteriores a la entrada masiva, una cifra que ha sido motivo de alarma social y de reclamos de mayor presencia policial, y que debe entenderse como ese dato concreto y verificado, sin extrapolarla sin más a una tendencia nacional que no está documentada con la misma precisión.
El giro del Sáhara, el "delcygate" y las catástrofes pendientes
En marzo de 2022, el Gobierno cambió la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental para respaldar el plan de autonomía marroquí, un giro que se produjo después de que Moncloa enviara emisarios a Rabat tras la crisis diplomática por el espionaje con el programa Pegasus, y que no fue debatido previamente en el Congreso ni sometido a votación parlamentaria; el propio Sánchez ha negado que se tratara de un giro, defendiéndolo como "un paso más" hacia una solución negociada. En enero de 2020, pocas semanas antes de que estallara la pandemia en España, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez protagonizó un episodio polémico al entrar en el aeropuerto de Madrid-Barajas por una zona reservada, en un encuentro en el que participó el entonces ministro Ábalos; la investigación judicial sobre aquel encuentro fue archivada definitivamente por la Audiencia de Madrid. Y en el terreno de la gestión de catástrofes, cinco años después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, numerosas familias siguen esperando viviendas definitivas y ayudas del Estado —se han señalado hasta 250 millones de euros en fondos aún sin repartir—, mientras que la gestión de la dana de Valencia de octubre de 2024 sigue envuelta en un debate no resuelto sobre el reparto de responsabilidades entre la Generalitat de Mazón, a quien la ley de protección civil atribuye la competencia principal, y un Gobierno central al que varias víctimas y asociaciones también reclaman una coordinación insuficiente.
El caso Adamuz, bajo la lupa
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido este año, ha abierto otro frente de controversia: la comisión que investiga el siniestro ha reclamado a Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, que entregue piezas de la vía que fueron retiradas sin permiso judicial, lo que ha llevado a PP y Vox a establecer comparaciones con la polémica retirada de pruebas tras el atentado del 11-M de 2004. Se trata, de momento, de una investigación judicial en curso, sin conclusiones firmes sobre responsabilidades ni sobre si hubo intención de ocultar evidencias, pero la coincidencia entre el ritmo de la instrucción y la proximidad electoral ha avivado el debate político.
Lo que el Gobierno pone sobre la mesa
Frente a este catálogo de episodios, el Gobierno y el PSOE reivindican de cara a la campaña su perfil internacional —posiciones sobre Gaza o Ucrania —, la ampliación de derechos sociales de la legislatura. Será la ciudadanía la que, el 29 de noviembre, decida qué peso otorga a cada columna de este balance.
Fuentes: Infobae, El Español, El Debate, El Economista, Maldita.es, Newtral, eldiario.es, Vozpópuli, TheObjective, Wikipedia (Caso Koldo, Accidente ferroviario de Adamuz), Hispanidad, Libertad Digital y El Liberal (datos de la Fiscalía de Ceuta), n.com.do (balance del Gobierno).