Subir impuestos y llamarlo ayuda: la letra pequeña del decreto de vivienda
El decreto de vivienda que el Gobierno vendió como escudo para los inquilinos incluye, a la vez, subidas fiscales que nada tienen que ver con ellos y una rebaja de hasta el 100% para los propietarios que se pliegan a sus condiciones. Hasta medios afines al Ejecutivo lo han bautizado como un "paraíso fiscal para rentistas".
El 1 de octubre de 2026 entró en vigor el Real Decreto-ley 26/2026, el paquete de medidas tributarias de vivienda que el Gobierno presentó como la pieza fiscal de su política de "función social de la vivienda". Apenas un día después, el 2 de octubre, el Pleno del Congreso lo tumbó junto al resto de decretos de vivienda por falta de apoyos. Lo que revela su letra pequeña, sin embargo, no es solo una cuestión de aritmética parlamentaria: es que, bajo el envoltorio de "proteger al inquilino", el decreto combina subidas de impuestos que se cobran igual sirvan o no para abaratar el alquiler, con una rebaja fiscal generosísima para el propietario que decide colaborar.
Lo que sí sube, pase lo que pase: SOCIMI, IBI y plusvalía
La parte del decreto que no depende de que ayude o no al inquilino es la recaudatoria. Las SOCIMI —las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que concentran parte del parque de alquiler en manos de grandes tenedores— pasan a soportar un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos procedentes del arrendamiento residencial, que solo se reduce al 12,5% si al menos el 80% de su cartera es vivienda asequible. A eso se suma un recargo del IBI de hasta el 150% para las viviendas vacías o destinadas a alojamiento turístico en zonas declaradas tensionadas, y nuevos coeficientes máximos en la plusvalía municipal (IIVTNU). Estas tres medidas entran en la caja pública en el momento en que se liquidan, con independencia de si consiguen mover una sola vivienda vacía al mercado de alquiler. Recaudar primero, ayudar después, cifrando en 1.600 millones de euros el coste público.
El Gobierno ya trabaja en resucitar el decreto a través de la Diputación Permanente, aprovechando que las Cortes están disueltas por la convocatoria electoral.
Un decreto que ya ha caído una vez
Conviene no perder de vista que todo este andamiaje fiscal fue rechazado por el Congreso el 2 de octubre, el mismo día en que se tumbaron también las medidas de desahucios y alquileres de este mismo paquete normativo. El Gobierno ya trabaja en resucitarlo a través de la Diputación Permanente, aprovechando que las Cortes están disueltas por la convocatoria electoral del 29 de noviembre, tal y como ya contamos en esta redacción. Es decir: una subida de impuestos que el Congreso ordinario no ha validado, y que podría acabar aprobándose en un órgano de 69 personas en plena campaña electoral.
Fuentes: Fiscal-Impuestos.com e Iberley (medidas tributarias del Real Decreto-ley 26/2026: IRPF, IVA, IBI, IIVTNU y SOCIMI); Diario Socialista (crítica a la rebaja a rentistas y declaraciones del Sindicato de Inquilinas); El Economista (coste público de 1.600 millones de euros).