El atajo de Sánchez: cómo la convocatoria electoral le permite resucitar los decretos de vivienda sin el Congreso
El Gobierno prepara una segunda vuelta de los dos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó el 2 de octubre. La vía elegida no pasa por convencer a Junts, sino por aprovechar que, con las Cortes disueltas por las elecciones, la decisión se traslada a un órgano donde el PP, Vox y Junts ya no suman mayoría.
El 2 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó, con los votos de PP, Vox y Junts, los dos decretos de vivienda del Gobierno: uno que suspendía los desahucios hasta 2030 para inquilinos vulnerables frente a grandes tenedores y fondos de inversión, y otro que limitaba al 2% la subida de los alquileres ordinarios hasta diciembre de 2027 y regulaba por primera vez el alquiler de temporada y por habitaciones. Apenas tres días después, el 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales para el 29 de noviembre. Y el mismo Gobierno que acababa de perder esa votación ya trabaja en volver a aprobar esos decretos, esta vez sin pasar por el Pleno que los tumbó.
El truco: la Diputación Permanente
La clave está en un órgano poco conocido fuera de los pasillos del Congreso: la Diputación Permanente, prevista en el artículo 78 de la Constitución para garantizar la continuidad institucional cuando las Cortes están disueltas, como ocurre ahora por la convocatoria electoral. Entre sus funciones figura precisamente la de convalidar o derogar los decretos-ley que apruebe el Gobierno durante ese periodo. El problema para la oposición es que la aritmética de ese órgano, de 69 miembros, no es la misma que la del Pleno: la suma de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y PNV alcanza los 35 escaños, uno más que los 34 de PP, Vox y los posconvergentes, porque Junts solo cuenta con un único representante en la Diputación Permanente, sin capacidad real de bloqueo. Es decir, el mismo partido que hizo caer los decretos en el Pleno queda neutralizado en el órgano que ahora deberá convalidarlos.
El Gobierno se apoya además en que, según la ley de 1997 que regula estas situaciones, el Ejecutivo en funciones solo pierde parte de sus competencias a partir del día de la votación, no desde el momento en que se disuelven las Cortes. Eso le permite seguir aprobando decretos-ley en el Consejo de Ministros durante toda la campaña electoral, igual que haría en circunstancias normales. No es, de hecho, la primera vez que un Gobierno recurre a este resquicio: la oposición recuerda que el propio PSOE fue acusado de electoralismo por el PP y Ciudadanos por utilizar un mecanismo similar antes de las elecciones de 2019.
El riesgo de la vulnerabilidad fingida
Hay un flanco de crítica, menos citado que el económico pero igualmente real: cómo se comprueba quién es realmente vulnerable. La propia Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) ha advertido de que este tipo de normas "no distingue entre quien sufre un revés sobrevenido y quien utiliza la vulnerabilidad fingida como estrategia premeditada", y teme que genere un "efecto llamada" que facilite abusos, señalando además que el sistema de comprobación previo "ya ha demostrado ser ineficaz". El motivo de fondo es que la acreditación de vulnerabilidad se basa, en gran medida, en los ingresos declarados y registrados —nóminas, prestaciones, cotizaciones a la Seguridad Social—, de modo que quien perciba ingresos no declarados, por ejemplo en la economía sumergida, puede aparecer formalmente por debajo de los umbrales exigidos sin que los servicios sociales tengan forma sencilla de comprobar lo contrario, la advertencia de la propia PAO confirma que el riesgo que señalan los propietarios no es una suposición sin base, sino una debilidad reconocida del sistema de control.
El Observatorio del Alquiler detectó 4.290 viviendas menos de las esperadas en el mercado solo entre el 28 y el 30 de septiembre, coincidiendo con el anuncio de los decretos.
El otro lado: la oferta que ya se ha retirado del mercado
Al margen del debate sobre si la maniobra es legítima, hay un efecto que ya se puede medir con datos: el Observatorio del Alquiler detectó 4.290 viviendas menos de las esperadas en el mercado de alquiler solo entre el 28 y el 30 de septiembre, coincidiendo con el anuncio y la primera aprobación de los decretos, un movimiento que atribuye a una "reacción de cautela" de propietarios que han aplazado firmas o retirado pisos del mercado a la espera de conocer la regulación definitiva. Según el mismo Observatorio, más de 120.000 viviendas han desaparecido del mercado de alquiler desde 2023, en paralelo a la Ley de Vivienda y a las sucesivas medidas regulatorias de esta legislatura. Asociaciones de propietarios vienen advirtiendo desde hace meses de que este tipo de limitaciones, aunque buscan proteger a los inquilinos actuales, puede reducir la oferta disponible a medio plazo y presionar los precios al alza precisamente en el segmento no regulado del mercado, un argumento que el Gobierno rechaza y que, a diferencia de la medida en sí, no está diseñado para producir ese efecto sino que se discute como una posible consecuencia no deseada.
Una decisión que no pasa por las urnas
Lo que sí es verificable es que esta decisión —una de las que más puede afectar al mercado del alquiler en los próximos años— se va a tomar en un órgano de 69 personas y no en el Pleno de 350 diputados que la rechazó hace apenas unos días, aprovechando una ventana institucional que se abre solo porque hay elecciones convocadas. Sea o no estrictamente legal —nadie discute que lo es—, la operación coloca a Sánchez en la posición de intentar sacar adelante, en plena campaña y sin el debate parlamentario ordinario, una de las normas más discutidas de la legislatura, con los propietarios ya reaccionando antes incluso de que se resuelva.
Fuentes: Infobae, El Independiente, TheObjective, Moncloa.com (mecanismo de la Diputación Permanente); Infobae (medidas de los decretos de vivienda); TheObjective, VozPópuli y Es Diario (datos del Observatorio del Alquiler y reacción de propietarios); Idealista News (críticas de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y del OESA al sistema de acreditación de vulnerabilidad).