Ceuta, al límite: la mayor avalancha migratoria en cinco años destapa las grietas del sistema
Cerca de 50.000 personas cruzaron a nado la frontera con Marruecos el fin de semana del 30 y 31 de julio, en el episodio más grave desde la crisis de 2021. El Gobierno no ha declarado la emergencia nacional, mientras crece la polémica por los indultos de Rabat y el reciente viaje de Pedro Sánchez a Argelia.
Pedro Sánchez estrecha la mano del presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, durante su visita oficial a Argel el 20 de julio de 2026, diez días antes de que estallara la crisis migratoria en Ceuta.
CEUTA — España afronta la mayor crisis migratoria y de gestión fronteriza de los últimos cinco años. Entre la madrugada del 30 y el 31 de julio, cerca de 50.000 personas —algunas fuentes elevan la cifra hasta 60.000— cruzaron a nado el perímetro fronterizo de El Tarajal y Benzú hasta Ceuta, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Es el mayor episodio registrado en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de mayo de 2021, cuando entre 8.000 y 12.000 personas accedieron a la ciudad en apenas 48 horas. Ceuta, con poco más de 85.000 habitantes, se ha visto desbordada por una llegada que multiplica varias veces su capacidad estructural de acogida.
El Gobierno no ha declarado la emergencia nacional, una decisión que critican responsables locales y sindicatos policiales, que la califican de irresponsable ante un sistema que, aseguran, ya opera saturado. La presión se extiende más allá de Ceuta: asociaciones de funcionarios en comunidades receptoras como Canarias, Andalucía y Cataluña denuncian que los recursos de acogida y los servicios sanitarios, educativos y sociales llevan meses trabajando muy por encima de su capacidad ordinaria, lo que, advierten, compromete la calidad asistencial tanto para los recién llegados como para la población local.
Cerca de 50.000 personas cruzaron a nado la frontera en un solo fin de semana, el episodio más grave desde la crisis de 2021.
La controversia de los menores no acompañados
A la crisis de Ceuta se suma la controversia sobre los menores extranjeros no acompañados. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se abrieron 7.562 diligencias para determinar la edad de personas que decían ser menores, y en torno al 40 % de esos expedientes concluyeron que en realidad eran adultos, una proporción que en la Comunidad de Madrid se dispara hasta el 70 %. Comunidades como Aragón han empezado a exigir pruebas forenses de edad a los menas que llegan sin certificado biológico, después de casos como el de un joven procedente de Mauritania que fue acogido como menor de 13 años y que, tras someterse a pruebas óseas, resultó tener 20; su acogida costó cerca de 13.000 euros durante los tres meses que estuvo tutelado, según denunció el Gobierno autonómico.
Enfrentamientos en la valla
El fin de semana del 30 y 31 de julio también dejó violentos enfrentamientos en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Según medios locales y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), grupos de personas lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad en los intentos de asalto a la valla, hubo vehículos incendiados y decenas de jóvenes lograron acceder a Melilla en paralelo a la avalancha de Ceuta. Sindicatos de la Guardia Civil llevan años reclamando más medios de protección antidisturbios para los agentes desplegados en primera línea de la frontera.
Expulsiones que no se ejecutan
A esto se añade la ineficacia crónica en la ejecución de las expulsiones. Según datos del Ministerio del Interior y Eurostat, en 2025 España emitió 53.695 órdenes de expulsión de extranjeros, pero solo ejecutó 3.398: apenas un 6 % del total, es decir, en torno al 94 % de las órdenes firmes no llegaron a cumplirse. España encabeza el ranking europeo en número de decretos de expulsión dictados, pero se sitúa a la cola en ejecuciones reales, un desfase que el propio Ministerio atribuye a la saturación administrativa y a la falta de convenios de repatriación efectivos con los países de origen.
En materia de criminalidad, los datos del INE muestran que los extranjeros representaron el 27,7 % del total de personas condenadas en España en 2023 y que su tasa de condena por cada 1.000 habitantes (14,6) multiplica por 2,5 la registrada entre la población española (5,8).
Lectura geopolítica: indultos e Italia
La crisis tiene también una lectura geopolítica. El 29 de julio, víspera de la Fiesta del Trono, el rey Mohamed VI anunció el indulto de 1.788 personas, una cifra similar a la de años anteriores con reducciones o conmutaciones de condena sin excarcelación inmediata de algunos de ellos.
El Ministerio del Interior marroquí atribuyó la avalancha a un «malentendido» sobre un fallo del Tribunal Supremo español relativo a las devoluciones en caliente, que redes de tráfico de personas habrían aprovechado para incitar a miles de personas a cruzar. Con todo, algunos institutos de análisis estratégico recuerdan que Rabat ya utilizó el control de su frontera como herramienta de presión durante la crisis de 2021 y no descartan que la dinámica se repita, mientras que el Gobierno marroquí insiste en que no hubo ninguna apertura deliberada.
La crisis ha tenido además una rápida respuesta internacional: Italia suspendió unilateralmente el acuerdo Schengen con España durante un mes a partir del 1 de agosto, cerrando sus fronteras marítimas y aéreas con el país. Pedro Sánchez calificó la llegada masiva de personas de «ataque» y pidió respeto a los tratados europeos, recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en Italia entre 2021 y 2026 duplican a las de España.
La polémica se agrava por el calendario: apenas diez días antes de que estallara la crisis, el 20 de julio, Sánchez viajó a Argel para poner fin a cuatro años de crisis diplomática con Argelia y asegurar el suministro de gas natural, en un viaje que sectores conservadores y de la oposición han señalado como ejemplo de las prioridades del Ejecutivo en el norte de África. Para sus críticos, la combinación de gestos diplomáticos hacia Argel y la falta de una respuesta contundente ante Marruecos alimenta la sensación de descontrol en la frontera sur, un problema que, denuncian, termina recayendo sobre los vecinos de las ciudades fronterizas y sobre los servicios públicos que atienden tanto a la población recién llegada como a la de siempre.