España al borde de la quiebra: la factura oculta detrás del relato de crecimiento
La deuda pública en máximos históricos, AIReF advirtiendo del incumplimiento de las reglas fiscales, España liderando la pobreza infantil de la UE y tres años sin Presupuestos propios: los datos detrás del debate sobre la salud real de la economía española.
¿Cómo se explica el fenómeno que golpea hoy a España? Vivimos en una aparente contradicción: mientras las grandes cifras macroeconómicas señalan que el país sigue creciendo, la realidad a pie de calle resulta, para buena parte de la población, radicalmente distinta. La productividad continúa estancada y el poder adquisitivo del ciudadano medio apenas mejora. Para los analistas más críticos con la gestión del Gobierno, los cimientos de la economía española se apoyan en una burbuja de gasto público a la que le queda poco recorrido.
Estos analistas atribuyen el desajuste entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana a tres factores: una gestión que consideran ineficaz, un gasto público disparado y la falta de control en las fronteras, elementos que, sostienen, están asfixiando los motores reales de la riqueza. El Gobierno, por su parte, defiende que la economía española crece por encima de la media europea y que el gasto social ha evitado una caída mayor del poder adquisitivo.
Un pozo sin fondo
La estrategia del Ejecutivo se ha apoyado en un fuerte aumento del gasto público: se han subido las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha crecido el número de funcionarios y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en junio de 2026 casi 3 millones de personas en más de 860.000 hogares. La renta garantizada máxima del IMV es de 1.613,92 euros mensuales para los hogares de cinco o más miembros, cifra a la que pueden sumarse complementos por infancia, monoparentalidad o discapacidad, de modo que en los casos de familias numerosas con varios complementos la prestación puede aproximarse a los 2.000 euros al mes.
Las consecuencias de estas medidas ya están aquí. La subida artificial del SMI no ha creado riqueza; lo único que ha conseguido es ahogar al tejido empresarial, obligando a miles de pequeños negocios a quebrar, por no poder mantenerse, o a destruir empleo, despidiendo a sus trabajadores.
El fenómeno de la inflación
El encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra ha sido especialmente intenso en España en comparación con el resto de la eurozona. Según los últimos datos de Eurostat, el precio de la vivienda subió un 12,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, más del doble que la media de la eurozona (4,7 %) y de la Unión Europea (5,1 %), lo que sitúa a España como el quinto país donde más se ha encarecido la vivienda, solo por detrás de Portugal, Eslovaquia y Croacia.
España ocupa además el quinto puesto de la Unión Europea en tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), con un 25,7 % de la población afectada en 2025, y lidera el ranking europeo de pobreza infantil con una tasa del 28,4 %, la más alta de toda la Unión, según Eurostat.
España lidera el ranking europeo de pobreza infantil, con una tasa del 28,4 %, la más alta de toda la Unión.
Una deuda impagable
La deuda pública española alcanzó los 1,729 billones de euros en mayo de 2026, el 100,2 % del PIB, según el Banco de España. Aunque el Gobierno subraya que el porcentaje sobre el PIB se modera gracias al crecimiento económico y a la inflación, el volumen absoluto de la deuda no deja de aumentar.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió en su informe de julio de 2026 de que el gasto neto de las administraciones públicas crecerá un 6,4 % en 2026, muy por encima del límite del 3,5 % acordado con la Unión Europea, y reclamó ajustes de unos 10.000 millones de euros para cumplir las reglas fiscales; España podría evitar el incumplimiento formal si Bruselas admite la cláusula de escape prevista por la crisis energética.
El coste de la deuda ya se nota en las cuentas públicas: España destinó 40.314 millones de euros al pago de intereses en 2025, la primera vez que se supera la barrera de los 40.000 millones, una cifra que las previsiones sitúan al alza para 2026.
El coste migratorio: ¿cuánto cuesta a los españoles?
Dentro de este gasto público, el coste de la atención a la inmigración irregular es también objeto de debate. Según una investigación de El Español basada en datos de fiscalización presupuestaria, la atención a personas migrantes en situación irregular supera los 1.800 millones de euros anuales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, frente a los cerca de 60 millones destinados al control de fronteras para impedir su llegada. De esa partida, más de 600 millones corresponden a la atención de menores extranjeros no acompañados.
El resto del gasto se reparte entre operativos de salvamento marítimo, control policial, alojamiento en plazas hoteleras o macrocampamentos gestionados por ONG con subvención pública, y la atención sanitaria, jurídica y de manutención de las personas acogidas.
La gran agraviada: el abandono de las familias nacionales
Frente a este gasto, colectivos de familias y algunos analistas denuncian una asimetría con las ayudas destinadas a los hogares españoles. El complemento de ayuda a la infancia, integrado en el IMV, oscila entre los 57,50 euros mensuales por hijo mayor de seis años y los 115 euros para menores de tres, y solo llega a los hogares cuyos ingresos no superan el 300 % de la renta garantizada del IMV. Para una familia trabajadora con ingresos algo superiores a ese umbral, la ayuda estatal por hijo es nula, mientras que el coste medio de la crianza, según distintas estimaciones, ronda o supera los 600 euros mensuales por menor.
Para quienes sostienen esta crítica, la diferencia evidencia que el sistema de ayudas prioriza la acogida de población extranjera frente a la protección de las familias contribuyentes, un argumento que el Gobierno rechaza al considerar que ambas partidas responden a lógicas y colectivos distintos y no son comparables entre sí.
Sin Presupuestos y a la deriva
A la política de gasto se suma la parálisis presupuestaria. España inició 2026 sin Presupuestos Generales del Estado propios, gobernando con la prórroga de las cuentas de 2023, después de que el Ejecutivo asumiera que no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso para sacarlos adelante. Es la primera vez en la democracia española que una legislatura completa transcurre sin presupuesto propio; según el Instituto de Estudios Económicos, la prórroga presupuestaria genera un déficit de inversión en infraestructuras de unos 15.000 millones de euros al año.
Para los críticos del Ejecutivo, el exceso de gasto público sostenido con más deuda y la presión migratoria sobre los recursos colectivos son los dos motores de un crecimiento que consideran artificial. Lo que no admite discusión es que la deuda, los intereses que genera y la falta de presupuestos propios son ya una realidad que condicionará las decisiones económicas de los próximos años.