Ceuta, Melilla y Canarias: la soberanía que respaldan la historia y el derecho internacional
Frente a los intentos de equiparar la crisis migratoria actual con un relato de «colonización», los hechos históricos y el marco jurídico internacional sostienen con claridad la españolidad de las ciudades autónomas y del archipiélago canario.
La gestión de las fronteras en el sur de Europa se ha convertido en uno de los mayores desafíos geopolíticos del siglo XXI. Sin embargo, el debate público se contamina con frecuencia en las redes sociales con narrativas que intentan equiparar la crisis migratoria actual con supuestos procesos de «colonización». Se trata de un error conceptual grave. Para analizar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las islas Canarias es imprescindible separar la retórica política de los hechos históricos y del derecho internacional.
La geografía no dicta la soberanía
El argumento central de quienes cuestionan la españolidad de las ciudades autónomas se apoya en la geografía: se encuentran en el continente africano. Pero la geografía nunca ha determinado por sí sola la soberanía de los Estados; si así fuera, el mapa político mundial tendría que rediseñarse por completo.
La realidad histórica es tozuda. Melilla se integró en la Corona de Castilla en 1497. Ceuta es española de pleno derecho desde 1580, tras haber sido portuguesa desde 1415. El Reino de Marruecos, por su parte, nació como Estado independiente y sujeto de derecho internacional en 1956, tras el fin de los protectorados francés y español.
España gobernaba legítimamente estas ciudades casi 500 años antes de que el Marruecos moderno existiera como tal. No se puede colonizar ni arrebatar un territorio a un país que, en el momento de los hechos, ni siquiera se había fundado.
El fantasma de Al-Ándalus
Otro recurso habitual consiste en confundir la presencia islámica medieval en la península ibérica con la soberanía marroquí. Ni el Emirato de Córdoba, ni el Califato, ni los reinos de taifas eran provincias de un imperio magrebí: eran Estados soberanos e independientes asentados en el propio suelo peninsular.
Cuando la Reconquista concluyó en 1492, el tablero político era radicalmente distinto al actual. Dinastías bereberes como los almohades sufrieron su gran derrota en las Navas de Tolosa en 1212 y desaparecieron en 1269. Aquellas dinastías, hace ya ocho siglos, no hablaban en nombre del Marruecos de hoy. Y aunque la dinastía alauita llegó al poder en 1666, el concepto jurídico de Estado-nación marroquí es, en sentido estricto, un producto del siglo XX. Confundir la historia de un pueblo o de una dinastía con el marco jurídico de un Estado moderno es un salto en el vacío argumental.
El aval del derecho internacional
A diferencia de otros territorios, como el Sáhara Occidental, la Organización de las Naciones Unidas nunca ha incluido a Ceuta ni a Melilla en su lista de territorios pendientes de descolonización. Sus habitantes son tan españoles y europeos como los nacidos en Madrid, Sevilla o Bilbao, con los mismos derechos y obligaciones constitucionales.
En las islas Canarias el proceso fue distinto, pero el resultado jurídico es idéntico: su incorporación a la Corona de Castilla se consolidó a lo largo del siglo XV, integrándose plenamente como territorio castellano.
Existe además un matiz clave sobre el siglo XX: durante la época del Protectorado (1912-1956), Ceuta y Melilla no formaban parte de ese territorio tutelado. Por eso, los acontecimientos militares o bombardeos en la región del Protectorado que España abandonó en 1956 no pueden catalogarse como crímenes de guerra contra esas poblaciones; simplemente eran territorios soberanos ajenos al régimen de tutela colonial.
Una crisis humanitaria, no territorial
Los flujos migratorios que hoy presionan las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias no responden a un conflicto de legitimidad territorial, sino a realidades dramáticas: crisis económicas estructurales, inestabilidad política y falta de oportunidades en los países de origen y de tránsito.
La vulneración de una frontera internacionalmente reconocida no altera los títulos de propiedad histórica. España no está «vendiendo» ni negociando su soberanía. Proteger Ceuta, Melilla y Canarias es defender el territorio nacional y europeo, y no se hace por capricho ni por intransigencia política, sino en cumplimiento estricto del derecho internacional y en respeto a siglos de historia compartida. El rigor histórico sigue siendo el mejor antídoto contra la desinformación.