El precio del descontrol fronterizo
Un análisis sobre lo que dicen —y lo que no dicen— las cifras del INE y el Ministerio del Interior sobre criminalidad, delitos sexuales, okupación y terrorismo yihadista, y sobre el coste económico de gestionar una inmigración irregular que, según este análisis, se ha desbordado.
Una calle del centro de Madrid. El debate sobre la gestión de los flujos migratorios ha pasado, en los últimos años, de las fronteras a la vida cotidiana de barrios y ciudades.
Quizá al lector le suenen estas palabras: preservación del Estado de derecho, soberanía nacional, seguridad ciudadana y la sostenibilidad socioeconómica que hacen que un país prospere. Sin embargo, en demasiadas ocasiones existen realidades que quiebran este equilibrio, fracturan la tranquilidad social e imponen desafíos que comprometen directamente nuestro futuro común.
De la vía legal a los hechos consumados
A lo largo de las últimas décadas, los movimientos migratorios han formado parte de la dinámica global, demostrando que, cuando se canalizan de forma ordenada, legal y sujeta a las necesidades del país receptor, pueden integrarse sin alterar la paz social.
El problema surge cuando ese modelo es sustituido por la vía de los hechos consumados: una inmigración desordenada y masiva que ignora los cupos legales, desborda los controles fronterizos y vulnera el principio de que una nación soberana tiene el derecho y el deber de decidir quién entra en su territorio. Si hablamos del territorio español, del impacto en la seguridad y de la realidad estadística, se observa un claro descontrol en los flujos de entrada que se traduce, para los defensores de esta postura, en una preocupación legítima del ciudadano por su integridad física y la de sus familias y bienes.
Las cifras del INE
Es imperativo analizar con rigor las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre personas condenadas. La mayoría, en términos porcentuales, son de nacionalidad española: un 71,4% del total de condenados. Sin embargo, la comparación por tasas arroja una diferencia notable: la tasa de criminalidad de los extranjeros se sitúa en 15,7 condenas por cada 1.000 habitantes, frente a las 6,2 por cada 1.000 de la población española —una cifra 2,5 veces superior— que explica buena parte de la alarma social.
La tasa de criminalidad de los extranjeros se sitúa en 15,7 condenas por cada 1.000 habitantes, frente a las 6,2 de la población española.
Conviene matizar estos datos: el INE calcula la tasa dividiendo las condenas entre la población extranjera empadronada, que no recoge a buena parte de quienes están en situación irregular ni a la población turística o de paso, lo que tiende a inflar artificialmente la tasa resultante. Tampoco se ajusta por edad ni por sexo, dos variables que por sí solas explican una parte relevante de la diferencia, ya que la población extranjera residente es, de media, más joven y con mayor proporción de hombres que la española. Ni el INE ni el Interior distinguen en estos balances entre residentes regulares e irregulares, por lo que vincular esta cifra específicamente con la inmigración irregular es una lectura de los datos, no un hecho que estos reflejen por sí solos.
Aunque el INE opta en sus informes por omitir esa distinción entre extranjeros regulares e irregulares, la labor de investigación de la prensa y los informes a pie de calle de los sindicatos policiales arrojan, para los defensores de esta tesis, una luz más cruda sobre la realidad: sostienen que una parte significativa de la delincuencia urbana y la reincidencia —especialmente en delitos patrimoniales, hurtos, okupación e infracciones violentas— estaría protagonizada por individuos sin permiso de residencia o en situación de rebeldía frente a órdenes de expulsión nunca ejecutadas, un extremo que no recogen las estadísticas oficiales citadas.
El repunte de los delitos sexuales
El debate sobre la inseguridad ciudadana no puede obviar el repunte de los delitos sexuales. Según los últimos datos consolidados del Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual del Ministerio del Interior, la población extranjera presenta una incidencia desproporcionada en estas tipologías penales: mientras los ciudadanos extranjeros representan en torno al 13-14% del censo total de habitantes en España, cerca del 39% de los investigados por delitos contra la libertad sexual son de nacionalidad extranjera. El mismo matiz metodológico señalado más arriba —edad, sexo y situación administrativa sin desagregar— aplica también a esta cifra.
Okupación y propiedad privada
El desgaste de la propiedad privada también se ha visto señalado en el debate sobre las llegadas desordenadas. El fenómeno de la okupación ilegal de inmuebles —que abarca tanto los delitos de usurpación como los de allanamiento— guarda, según los datos del Ministerio del Interior, un vínculo estadístico con las bolsas de población extranjera: en torno al 50% de las personas detenidas o investigadas por delitos de okupación de vivienda en España son de origen extranjero, aunque el volumen global de denuncias ha mostrado ligeras fluctuaciones a la baja en los últimos balances de la Fiscalía.
La brecha de seguridad nacional
Más allá de la delincuencia común, se sostiene que el descontrol fronterizo representa una brecha aprovechada por el crimen organizado internacional y el terrorismo yihadista. Los informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) señalan, entre otros muchos vectores de riesgo que vigilan, el de una eventual infiltración de radicales aprovechando los flujos migratorios irregulares, aunque el Ministerio del Interior no publica un balance acumulado y verificable de cuántos casos de este tipo se han producido.
El caso mejor documentado, y el que con mayor claridad ilustra el riesgo, es el de Abdel-Majed Abdel Bary: exmilitante británico-egipcio del Dáesh en Siria, conocido como el rapero «L Jinny» y vinculado al entorno de la tristemente célebre célula de captores del Estado Islámico apodada «los Beatles». Bary entró de forma clandestina en España a bordo de una patera que llegó a las costas de Almería en abril de 2020, y fue detenido pocos días después junto a dos colaboradores que le habían ayudado a llegar y a moverse por territorio Schengen. Murió en la prisión de Puerto III en julio de 2023, antes de que se dictara sentencia firme en su contra, si bien la Audiencia Nacional dio por acreditada su militancia activa en el Dáesh; sus dos acompañantes sí fueron condenados por la Audiencia Nacional por colaborar en su entrada y tránsito por España.
"Proteger las fronteras es el acto primario de soberanía de cualquier país democrático."
Tolerar la porosidad de las fronteras no es, para esta tribuna, un acto de compasión humanitaria, sino una dejación de funciones que expone al Estado a riesgos asimétricos y financia indirectamente a las redes que trafican con personas.
El coste económico del descontrol
Otro de los pilares para justificar una revisión de la política migratoria es el impacto sobre las arcas del Estado. En los últimos años, el gasto público ligado a la acogida, el asilo y el control fronterizo ha crecido de forma notable, aunque las cifras concretas varían mucho según qué partidas se sumen. La ayuda humanitaria y protección internacional rondó los 1.116 millones de euros en el último ejercicio consolidado. A esto se suma una partida de urgencia de unos 137 millones en marzo de 2025, más un paquete adicional de cerca de 670 millones previsto para el sistema de acogida a refugiados en 2026-2027, un paquete específico de seguridad en Ceuta y Melilla de unos 100 millones anunciado en 2026, y un plan de modernización de Salvamento Marítimo dotado con 163 millones de euros —este último correspondiente a la seguridad marítima general del organismo, no en exclusiva a las rutas migratorias—.
Es una cuestión de legalidad
La conclusión lógica que se extrae de estos indicadores es que la laxitud en la frontera tiene un precio muy alto que no pagarían quienes diseñan las políticas de puertas abiertas, sino los ciudadanos de a pie, a través de la pérdida de seguridad, el menoscabo de la propiedad privada y una presión fiscal creciente. El debate sobre la inmigración irregular en España, sostiene este análisis, ha dejado de ser una mera discusión ideológica para convertirse en una crisis sistémica de primer orden.
Las tres propuestas de esta tribuna se resumen en fronteras seguras (blindaje efectivo de los perímetros fronterizos terrestres y marítimos, con más recursos materiales y jurídicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), cumplimiento de la ley (fin del «efecto llamada» que, según esta tribuna, provocan las regularizaciones masivas y extraordinarias) y expulsión y firmeza (ejecución de las órdenes de devolución para quienes vulneren el marco legal o cometan delitos en suelo nacional).
Proteger las fronteras es, para esta tribuna, el acto primario de soberanía de cualquier país democrático. Favorecer una inmigración ordenada, legal y adaptada a las necesidades del mercado laboral sería, sostiene, perfectamente compatible con la tolerancia cero frente a la ilegalidad.
Fuentes: INE (Estadística de Condenados, Adultos, 2024); Ministerio del Interior (Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual, y balances de okupación); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Salvamento Marítimo (SASEMAR).